Santo Domingo.-El Presupuesto General del Estado para el año entrante contempla estimaciones de recaudaciones por 324 millones 237,132 pesos, a través de multas y sanciones pecunarias.

Así está establecido en el proyecto de ley enviado ayer martes por el Ejecutivo al Congreso.

El monto general de ingresos y fuentes financieras estimadas (en ese presupuesto diseñado) es por 997,119 millones 172,943 pesos, detallados de la siguiente forma: total de ingresos 750,823 millones 351,176 pesos y de fuentes financieras 246,295 millones 821,767. Juntas una y suman los 997,119 millones 172,943 pesos citados.

Por impuesto a las personas físicas se estima que se recaudarán 65,805 millones 917,117 pesos. Eso representa, según los datos oficiales 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de año entrante. Pero además se buscarán otros 219,373 millones 442,099 pesos por impuesto sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital. Juntas suman el 4.5% del PIB.

Actualmente (aunque las quejas vienen rodando hace años) existe un debate encendido sobre la colocación de multas faltas a conductores que no han cometido infracciones en las vías públicas. Las denuncias están por todos lados y provienen, inclusive, de personas que llevan años residiendo fuera del territorio dominicano, y cuándo ingresan a su patria se encuentran la sorpresa de tener “en su haber hasta una docena de multas”.

Las autoridades han dejado “rodar la bola”, sin atribuirse ninguna la responsabilidad, y se han centrado en ofrecer “soluciones”, para que finalmente los afectados puedan resolver una situación sobre la que no tienen culpa, pero sin exonerarles del pago.

El pasado 29 de septiembre, la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, reconoció que el tema de las “multas fantasmas” es un problema que data desde hace 10 años atrás. Pero enseguida agregó que “desconoce el origen”.

“Esas cosas ocurrieron y el Intrant ni siquiera existía. Esos son temas que datan desde hace 10 años atrás, que al final nos ha tocado a nosotros tener que buscarle una solución. ¿Que habrá pasado? No lo sabemos ni tenemos las informaciones, pero si sabemos que en gestiones anteriores realmente ocurrió alguna situación pero lo importante es que le estamos buscando una salida”, expresó al ser abordada sobre la situación por los periodistas.

De los Santos afirmó que han coordinado con la Procuaduría General de la República una serie de acciones para agilizar estos procesos y que esta última institución ha triplicado el personal en todos los tribunales de tránsito. Tribunales a los que tienen que acudir los afectados con la irregularidad, pero eso implica, precisamente, gasto y tiempo. Las quejas por las horas que se pierden en esos espacios puede leerse en las redes sociales y por las diversas vías que tienen la gente hoy día para expresarse.

“Aquellos ciudadanos que entiendan que su multa realmente no la obtuvieron en algún momento pueden ir a las fiscalías de tránsito y hacer las observaciones a los fiscales con relación a esas multas que no reconocen y les aseguro que el tema quedará resuelto”, refirió la funcionaria.

Pero llegó otro problema: La Dirección General de Impuesto Internos (DGII) anunció el inicio del proceso de renovación del marbete o impuesto por circulación vehicular para el 2020. Los contribuyentes no podían hacer esa renovación y el organismo se vio obligado a disponer que el documento sea entregado a los dueños de vehículos aun cuando estos tengan multas pendientes. Entre lo que pasa una cosa y la otra, sigue abierto y pendiente de que se busquen los responsables de la colocación de las infracciones.

Fuente: El CAribe

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